El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Nacional, determinó nombrar fiscales especiales para perseguir los actos criminales que afectan a los puertos. En total, se designó a 5 persecutores regionales para liderar las investigaciones de crimen organizado vinculadas a los puertos de todo el país. En este sentido, fueron definidos cinco sectores que cubrirán cada macrozona; para el sector norte se nombró a dos fiscales; la macrozona centro, la macrozona sur y la macrozona austral contarán con un fiscal cada una.

Para los efectos de coordinar las tareas de investigación ya se han efectuado reuniones con los distintos organismos policiales y portuarios, de manera de darle un fuerte impulso a la persecusión del crimen organizado y a los ilícitos en los puertos.

Es una realidad que las bandas criminales tienen prácticamente invadida la actividad portuaria y cada día la ocurrencia de hechos delictuales es más frecuente. Chile se ha transformado en un pasadizo para el tráfico de sustancias ilícitas, tráfico de armas y otros delitos. Ni hablar de los asaltos a los camiones que ingresan y salen de los puertos, que a diario amenazan las carreteras.

La verdad es que siempre en estas líneas hemos criticado la pasividad de las policías y para que decir del Ministerio Público. Prácticamente les sale gratis a los malhechores cuando son descubiertos y a lo más se les asigna una pena remitida.

Este fue precisamente el caso del recinto extraportuario Puerto Columbo que, ante una querella interpuesta ante un robo frustrado sucedido el 2023, se logró condenar a los delincuentes con penas que fueron desde los 61 a los 541 días de cárcel. Por supuesto que todas estas penas se cumplen en libertad. Sin embargo, es destacable el tremendo esfuerzo de Puerto Columbo ya que, de no persistir en la querella, y como lamentablemente suele ocurrir en casos similares, esto habría terminado archivado por la Fiscalía.

Es de esperar que corran nuevos vientos y la Fiscalía junto con las policías mejoren sus investigaciones, trabajen a fondo para ubicar y desarticular las bandas nacionales e internacionales que tienen en vilo a la actividad de ingreso y salida de productos de nuestro país.