Hace unos 5 años aproximadamente, los terminales marítimos de la zona central del país comenzaron a cobrar una “tarifa de seguridad”, que en forma unilateral impusieron a los usuarios y el monto se fijó entre US$ 15 y US$ 18 por contenedor.

Se trataba –argumentaron en su época los concesionarios de los puertos– de poder contar con recursos para las inversiones que debían realizar para mejorar la seguridad del manejo portuario y controlar el crecimiento de los ilícitos y robos que ya en ese tiempo comenzaban a aumentar. La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y los gremios ligados con los importadores y exportadores reclamaron de inmediato, planteando que ese cobro correspondía que lo asumieran quienes los contrataban y que no eran otros que las empresas navieras, pues estas firmas eran sus clientes y a quienes proveían los servicios en los terminales portuarios.

A pesar de los reclamos y resistencia de los usuarios, el cobro por “seguridad” se impuso y en la actualidad se paga en prácticamente todas las operaciones de ingreso y salida de mercaderías del país.

En marzo de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento solicitando se apliquen multas por casi US$ 22 millones a los concesionarios portuarios de carga general de Valparaíso y San Antonio, por considerar que se había configurado un abuso de posición dominante, por el cobro injustificado de una tarifa de seguridad en proceso de transferencia de carga. Hace pocos días el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) declaró como fracasada o frustrada la gestión de conciliación, por lo que el trámite ante el organismo debe seguir su curso.

Los fundamentos para rechazar estos cuestionados cobros siguen vigentes, sobre todo debido a que las eventuales inversiones que habrían realizado los terminales portuarios han tenido un impacto relativamente bajo, y hoy día los delitos que se cometen a partir de la información con fines fraudulentos que se genera al interior de los puertos es pan de cada día. Si bien hay que reconocer que en la actualidad se detectan mayores casos de robos frustrados, la inseguridad sigue siendo un flagelo y muchos de los robos que se efectúan en el trayecto desde los puertos hacia Santiago, son originados con información que se origina al interior de los terminales. También es válido señalar que la corruptela en cuanto a entregar datos de mercancías con fines maliciosos también se origina en algunas agencias navieras, embarcadores, agencias de aduanas, empresas de transporte, ya que las bandas criminales pagan generosamente por esta información.

De muestra un botón: hace algunos días un camión tipo furgón, llegando a Santiago, fue asaltado y desvalijado, con graves riesgos a la integridad física sufridos por el chofer del camión. Es claro que en este caso, el vehículo fue seguido desde el terminal portuario cuando se efectuó su carguío y allí traspasada la información a los delincuentes.