Se informó por los medios que respecto de un tráfico de 1,5 toneladas de cocaína en la zona norte del país que no fue detectado por los controles aduaneros, ello habría generado una investigación de la Contraloría para determinar las responsabilidades del Servicio de Aduanas. Lo anterior habría gatillado un programa de fiscalización global a los puertos que estaría emprendiendo la Contraloría para constatar falencias y vulnerabilidades en el control de drogas.

Hace rato que el tráfico de drogas en los puertos y aeropuertos se ha ido transformando en casi una noticia diaria, y es habitual que se produzcan hallazgos de estupefacientes en los lugares de ingreso y salida de nuestro país. Sin embargo, la pregunta que surge es ¿cuánto es lo que no se detecta? y si esta tendencia de transformar a Chile en un pasadizo de drogas continúa en aumento. La impresión de la opinión pública es que esta situación hace rato que se salió de control y es parte integrante del descalabro de seguridad que está instalado desde hace bastante tiempo en todos los ámbitos del quehacer nacional.

Las medidas de instalar escáneres en los puertos es una buena medida, pero totalmente insuficiente para enfrentar este flagelo. Las inversiones en equipamiento se han incrementado, pero siguen estando muy lejos de las reales necesidades para luchar contra el narcotráfico. Los camiones escáner no son los más eficientes y sería necesario instalar pórticos con la revisión obligada del 100% de los contenedores. Esa sería la única forma de enfrentar estos actos criminales.

El problema excede con mucho las capacidades y presupuesto de Aduanas, entendiendo que este es un problema país y que afecta a un sector que es vital en la economía; según los entendidos, las inversiones necesarias se estiman en aproximadamente US$ 500 millones para instalar pórticos equipados y que son los que en el mundo moderno operan con la mayor eficiencia. Cualquier intento de aumentar la revisión de los contenedores con el equipamiento actual solo traería perjuicios, cuellos de botella e inminentes colapsos en el flujo de importación y exportación.

En consecuencia, el problema no radica en la voluntad de Aduanas y tampoco en la acción fiscalizadora de la Contraloría. Esto sobrepasa absolutamente a las instituciones mencionadas y es urgente que esto se analice con participación público-privada y destinar los cuantiosos recursos que serían necesarios para emprender un programa global destinado a proteger nuestras fronteras del narcotráfico.

Por ahora, seguiremos viendo estos afanes fiscalizadores de la Contraloría en los puertos –que se valoran– pero que de no mediar un cambio de enfoque y desarrollar un programa ambicioso de alto presupuesto no se ve cómo se va a hacer frente con éxito al combate de drogas.