Los casos de recientes procesos judiciales nos llevan a retomar la reflexión sobre un tema –que publicamos en nuestra edición de abril de 2023– acerca de la total asimetría de poder que se genera en la industria de la logística naviera y portuaria internacional, dado que en la presente estructura, el que elige al proveedor y negocia las condiciones no es el mismo que el que recibe y paga los servicios, quien queda totalmente a merced del proveedor en términos de condiciones de la prestación, calidad de servicio y precio.

Tanto ha aumentado en el tiempo este desequilibrio a nivel mundial, cuyo paroxismo se dió durante la pandemia de 2020 que, en el año 2022, el gobierno norteamericano otorgó a su Comisión Federal Marítima (FMC), entidad encargada de regular el comercio marítimo estadounidense, las más amplias atribuciones para regular y castigar severamente las conductas abusivas de posición dominante de los operadores marítimos a través de la “Ocean Shipping Reform Act of 2022” (OSRA) o “Ley de Demurrage”. La aplicación de la OSRA derivó en una serie de acciones legales con consecuencias de sanciones, una de las cuales corresponde al primero de los dos casos que queremos resaltar:

La FMC impuso a Mediterranean Shipping Company (MSC) sanciones civiles por un total de US$ 22,67 millones por una serie de violaciones a la Ley de Transporte Marítimo, relativas, por un lado, a recargos injustificados de tarifas por almacenaje y retención de contenedores refrigerados no operativos durante todo 2021 y otros cargos similares de  “prácticas no razonables” derivadas en cobros en exceso, y por otro lado, facturación de MSC a agentes de aduanas designados como partes notificadas para cargos por almacenaje y retención de contenedores a través de la cláusula mercantil incluida en sus conocimientos de embarque, a pesar de que estas partes no estaban involucradas en el movimiento de la carga.

Paralelamente, en Chile detonó el segundo caso de nuestro análisis: el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) fijó para abril de 2026 la audiencia en que se revisará la causa interpuesta por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra tres terminales portuarios, TPS de Valparaíso, STI y DP World de San Antonio, por decisión unilateral y concertada de incorporar el denominado “Security Fee” aplicado entre 2019 y 2021, solicitando al TDLC que ordene el cese del cobro y los sancione por “abuso de posición dominante” e “injustificado” que les ha permitido “obtener ganancias sobrenormales” causando perjuicios a importadores y exportadores, materia que infructuosamente se intentó resolver mediante audiencia de conciliación en septiembre de 2024. Finalmente, la Fiscalía pidió multas de 10.812 UTA para TPS, 11.047 UTA para STI y 5.038 UTA para DP World, más las costas del juicio.

Estos casos se suman a otras prácticas de abuso aplicadas por la industria naviera y logística internacional, como la colusión que involucró a varias compañías navieras, entre ellas, NYK, MOL, K-Line, Eukor, CSAV, aplicada durante 12 años para mantener altos los fletes de vehículos hacia Chile, afectando los precios finales de los vehículos importados. La suma de las multas aplicadas por el TDLC en este caso superó los US$ 30 millones.

Finalmente, se acumulan los cientos, si no miles de infructuosos reclamos de empresas pequeñas y medianas y personas naturales, cuyos costos totales de importación o exportación se les multiplican, por recargos indebidos como “limpieza y reparación de contenedores” devueltos en perfectas condiciones, contabilización de plazos de demurrage que incluyen tiempos que no están bajo responsabilidad del importador, valores desproporcionados por correcciones de B/L, o la pesadilla relatada a Ciper Chile por una persona natural que trajo sólo 0,75 m3 de mercancías de bajo valor desde Australia en base a una cotización de $ 255.000 y terminó pagando más de 3 veces ese valor por todos los recargos, lo que, en un país como Chile, desincentiva el emprendimiento, reduce nuestro ranking de eficiencia portuaria, crea un ambiente de desconfianza e incertidumbre y afecta seriamente la economía.