Es habitual que en los procesos de cambios de gobierno se produzcan diversos debates en cuanto a determinar las prioridades que debiera asumir la nueva administración. Uno de los temas más sensibles y que está a la cabeza de las preocupaciones que enfrentará el gobierno próximo se refiere a la permisología, en que el objetivo es destrabar la inmensa maraña burocrática que obstaculiza y dificulta el funcionamiento del país y compromete la inversión.

En lo que dice relación con comercio exterior existe también desde hace varios años, una creciente permisología que entorpece y encarece el flujo de las operaciones, sector que es vital para la economía y que incide en forma abrumadora en el PGB. En consecuencia, las trabas y trámites burocráticos encarecen las importaciones y exportaciones e impactan seriamente en la competitividad-país afectando el potencial que dispone Chile para seguir creciendo en los mercados externos.

Los casos más relevantes en cuanto a lo que podríamos definir como permisología que no agrega valor dicen relación con los organismos anexos que intervienen en las autorizaciones para importar. Nos referimos al SAG, SEREMI, ISP, SERNAPESCA y DGMN, entidades en que el comercio exterior no corresponde al ADN o quehacer principal de sus tareas y más bien son labores accesorias que son lentas, con costos adicionales y en que a lo más existe un portal en que manualmente el usuario debe acceder y esperar un promedio de 72 horas para obtener una respuesta, tiempo que es desmedido considerando la dinámica del comercio exterior. A ello hay que agregar inestabilidades en los portales Web que inciden en demoras que perjudican a los usuarios.

El Instituto de Salud Pública, si bien tiene tiempos de respuesta que son expeditos, ha tenido en el último tiempo intermitencias graves en su plataforma, lo que afecta la continuidad operativa con retrasos que son de alto costo para los importadores. Es posible que, en el caso del ISP, al igual que los demás servicios públicos, se requiera una fuerte inversión para actualizar sus sistemas computacionales, sobre todo por el alto riesgo que significa el ciber crimen que cada día se torna más peligroso y sofisticado.

Algunas pinceladas de requisitos y tramites que deberían revisarse: la obligatoriedad de los dispositivos médicos sin registro sanitario a tramitar un CDA en cada importación ha sido una iniciativa que difícilmente haya agregado algún valor. En los hechos. esta es una gestión burocrática en donde se tramita el Certificado de Destinación Aduanera, se paga el importe y el producto queda autorizado para continuar su importación. En estos casos no existe el Uso y Disposición (UyD) por lo que deducimos que esto es solamente una gestión administrativa de dudosa utilidad.

Otro aspecto que raya en el absurdo es que las Hojas de Seguridad que se requieren en Chile para la importación de diversos productos difieren de las internacionales, es decir en nuestro país debe emitirse una nueva Hoja de Seguridad con requisitos específicos que no tienen ninguna justificación. Lo mínimo razonable es alinear los requisitos con las normas europeas y además aceptar que puedan emitirse en idioma inglés.

En cuanto a Aduanas, podemos aseverar que las modificaciones legales de la última década solo han hecho más oneroso y riesgoso el rubro de comercio exterior. Sucesivos cambios legislativos han creado nuevas figuras punibles, aumentado algunas infracciones al doble y, lo más grave, ha existido un criterio del legislador de un verdadero ensañamiento con las exportaciones, instaurando el temido “contrabando” y multas leoninas en situaciones operativas que adolecen de toda intención de defraudar al Fisco. Si comparamos el marco infraccional de Aduanas con Impuestos Internos, el resultado es que este último servicio es un juego de niños en cuanto al rigor y nivel sancionatorio con respecto a Aduanas. También hay que señalar que el Servicio de Aduanas, en términos prácticos ha aumentado el rigor incluso incumpliendo en algunos casos la ley. A modo de ejemplo, hay situaciones en que la creatividad de algunos fiscalizadores ha denunciado contrabando en casos sorprendentes, como el hallazgo de muestras por US$ 17 en una importación de varias decenas de miles de dólares. También el retener mercancías por dudas en el valor que finalmente son desestimadas luego de varias semanas con la importación paralizada. Otro caso insólito fue el retener y declarar contrabando a una importación de ropa en que el fiscalizador dedujo mercancía en exceso después de ordenar el peso de la mercadería, en circunstancias que las compras de vestuario son por unidades y el peso declarado es solo estimado. Lo grave es que los tiempos en solucionar estas aberraciones son lentas y existe poca autocrítica al interior de Aduanas para hacerse cargo de estos cuestionables criterios y equivocaciones básicas.

Es indudable que la Ordenanza de Aduanas es un tema de gran envergadura y que requiere cirugía mayor, puesto que el texto actual está obsoleto y no se ajusta a las actuales realidades ni tendencias del comercio mundial. Por ejemplo, el aspecto sancionatorio debe ser revisado completamente y hay casos obvios de exceso de celo que son calificados dentro de un ámbito de intención dolosa en circunstancias que de un simple análisis el incumplimiento debería caer en el campo infraccional. Otro aspecto que no podría dejar de abordarse se refiere a la participación de terceros en el comercio internacional relacionados con el transporte y otros servicios que en Chile se encuentran bastante limitadas. No se trata de tirar por la borda el sistema aduanero chileno, pero sí incorporar algunos grados de flexibilización que permitan transparentar algunas situaciones y casos que son habituales en el comercio internacional.

Con todo, hay que reconocer que el proceso aduanero actual fluye y Aduanas ha hecho importantes inversiones en tecnología que la posicionan en un liderazgo indiscutido entre los servicios públicos. La decisión de migrar a la nube todos los sistemas informáticos e instalar conexiones satelitales en los puestos de frontera hablan de un Servicio que está muy actualizado en cuanto a utilizar tecnología de punta.

En resumen, en el rubro de comex hay una infinidad de requisitos y trámites que podrían eliminarse o a lo mínimo simplificarse. Este país, a pesar de los años que lleva con políticas de apertura comercial, no se ha visto acompañado por un desarrollo de las instituciones y mejoras en los procesos que apunten a mejorar el ambiente y facilitar las operaciones de comercio exterior. Por el contrario, en la última década ha prevalecido un propósito fiscalista extremadamente regulatorio y rentista, con nuevas exigencias y casos punitivos que han hecho un nulo aporte al desarrollo de un sector que se encuentra insertado en el corazón de la actividad nacional.